SANTO DOMINGO. Los jueces de todo el país no sólo están enfrascados en exigir mayor presupuesto para el Poder Judicial, también han salido a defender su honor y a decirle al Consejo del Poder Judicial que no se quedarán pasivos ante lo que ellos califican como abusos y desconsideraciones.

Este martes, en todos los palacios de Justicia del país, a las 8:30 de la mañana los magistrados de primera instancia y de Corte de Apelación así como Defensores Públicos, leyeron un manifiesto en el que aclararon que no están en contra de que sean investigados por la Inspectoría de la institución sino en contra de las suspensiones sin disfrute de salario.

Durante mucho tiempo, los jueces, entre ellos mismos y con allegados, externaban su inconformidad con las acciones del Consejo Judicial, pero no se atrevían a exigirlo de manera pública basados en el principio de que “hablan por sentencia”, sin embargo ahora no sólo lo externan públicamente, sino que se manifiestan en masa para dar la cara y dejar bien claro su posición.

“En ejercicio de nuestro derecho fundamental a expresar de manera libre y sin censura previa nuestras opiniones e ideas, presentamos el siguiente manifiesto por la independencia judicial y la preservación del sistema de justicia”, dijo Gisselle Méndez Álvarez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al leer el manifiesto.

“La independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la Judicatura, es un derecho de todo ciudadano”, exclamó la jueza al asegurar que la suspensión de un juez sin disfrute de su sueldo y sin una investigación previa, atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República y de manera especial, la presunción de inocencia.

“La sociedad dominicana ha sido testigo, de primer orden, de lo que podemos calificar como un atentado sistemático al Poder Judicial desde el Consejo del Poder Judicial que ha recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión de jueces de forma indefinida y sin disfrute de salario, sin emitir una decisión que contenga los motivos de esa decisión, sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y en muchos casos sin siquiera iniciar una investigación”, leyó.

Julio Castillo Plata, presidente de la Corte Laboral de San Francisco de Macorís, hizo referencia a lo acordado en la pasada Cumbre Judicial Nacional en la que se asumió el compromiso de impulsar reformas en el sistema de justicia, promover la autonomía y la independencia del Poder Judicial, así como establecer los protocolos y reglamentos en el marco del sistema de integridad y el sistema de consecuencia para jueces y servidores judiciales.

Refirió que la suspensión de un juez, en los términos que se hacen, “constituye una sanción anticipada para los jueces que sin disponer de acciones para reivindicar sus derechos, ven lesionada su moral, su estabilidad económica, su estabilidad familiar, su estabilidad laboral y sobre todo su dignidad personal, al ser privados de sus ingresos económicos que le permiten tener un mínimo vital”, debido a que legalmente están impedidos de realizar otra labor fuera del quehacer jurisdiccional y la academia.



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