El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, en la mesa del Diálogo Nacional (REUTERS/Oswaldo Rivas)

El diálogo nacional con el que Nicaragua busca salir de la crisis en la que se encuentra desde hace un mes, fue suspendido indefinidamente la tarde de ayer tras su tercera sesión debido a que no hubo consenso sobre la agenda propuesta. Los representantes del Gobierno abogaban por acordar la suspensión de los tranques que se realizan a nivel nacional, y los sectores empresariales, estudiantiles y de la sociedad civil plantearon como prioridad abordar temas relacionados con la democratización del país.

Poco antes de las 17:00 horas los obispos de la Conferencia Episcopal informaron que al no alcanzar el consenso luego de largos debates entre ambas partes, se suspendían la mesa plenaria. Sugirieron crear una comisión compuesta por seis personas, tres por cada parte, para lograr un acuerdo y “superar este impasse”.

La crisis que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril, primero por las protestas por las reformas a la seguridad social y luego por la represión desatada para contrarrestar las manifestaciones, pretendía ser superada desde este diálogo nacional, que fue instalado el pasado miércoles 16 de mayo.

Los debates plenarios de la instauración, la segunda y la tercera sesión fueron transmitidos en vivo a través del canal católico. En el inicio de la última sesión ayer el obispo Rolando Álvarez puso sobre la mesa la agenda: la democratización, derechos humanos y seguridad.

Un manifestante bloquea la ruta en Masaya, Nicaragua (REUTERS/Oswaldo Rivas)

En síntesis, se planteó discutir sobre aspectos medulares: reformar la Constitución Política para prohibir la reelección presidencial; aumentar el porcentaje con el que es elegido el Presidente de la República; la posibilidad de adelantar las elecciones municipales, regionales y generales; la reducción del número de diputados de la Asamblea Nacional y la conformación de un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), entre otros.

La respuesta del gobierno fue inmediata. El canciller Denis Moncada Colindres, quien encabeza la misión que representa al Gobierno, respondió que la agenda contenía puntos que implicaban “el diseño de una ruta para un golpe de Estado”.

Es “el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno al margen de la Constitución, del ordenamiento jurídico, violando la Constitución y las leyes”, agregó Moncada Colindres, quien al igual que toda la delegación gubernamental insistió en que la prioridad era que los pobladores que se oponen al gobierno quiten los tranques que han instalado en las carreteras principales del país.

El gobierno alega que hay pérdidas económicas a causa de los tranques. Según el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, presente en el diálogo, la economía está siendo afectada de tal forma que podría aumentar la tasa de desempleo. Se calcula que la crisis ha dejado más de 200 millones de dólares en pérdidas.

Representantes estudiantiles, en cambio, alegaron que la prioridad es democratizar el país, exigir justicia e investigar las muertes de las 76 personas fallecidas durante la crisis, así como la salida del actual gobierno.

“Hemos vivido más de un mes de protestas, muertes y el país está esperando que de aquí salgan soluciones concretas. Es obvio que el tema de los tranques le preocupa mucho a la delegación del gobierno, pero estas protestas son el resultado de injusticias, de no permitir libertades. Nosotros creemos que la mejor forma de eliminar estos tranques es a través del seguimiento de esta agenda”, enfatizó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Una y otra vez los miembros de la delegación del gobierno insistieron que los tranques violaban varios derechos humanos, entre ellos la libre movilización.

La agenda responde a lo que ha venido exigiendo en marchas multitudinarias el pueblo de Nicaragua: un cambio. Para que esta agenda sea discutida se ha pagado un gran saldo de sangre”, agregó por su parte Carlos Tünnermann, quien representa a la sociedad civil.

Manifestantes queman llantas en una vía durante protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Managua tras la suspensión del diálogo este miércoles (EFE/Jorge Torres)

Los debates continuaron hasta que los obispos pidieron que se votara por las dos propuestas, la del gobierno y la de la sociedad civil. Ninguna obtuvo consenso.

Mientras eso ocurría, en León se denunció que el tranque que había en las afueras de esa ciudad fue atacado por grupos afines al gobierno. Se reportaron más de 20 heridos en el enfrentamiento.

SOLICITUD

Ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció a favor de una solución constitucional para salir de la crisis.

“Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo”, dijo.

En tanto, en una carta los obispos urgieron al presidente Daniel Ortega cumplir de forma urgente con una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es la creación de “un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

Antonia Urrejola, enviada de la CIDH en Nicaragua (REUTERS/Oswaldo Rivas)

En su informe preliminar la CIDH urgió al Estado de Nicaragua “a que cese de inmediato la represión de la protesta social”.

Agregó que “el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables, y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

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