El juez Francisco Ortega Polanco determinará este viernes la validez de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República en lo que respecta a los US$92 millones en sobornos que la Constructora Norberto Odebrecht admitió haber pago en República Dominicana para ser beneficiaria de obras del Estado.

A partir de las 9:00 de la mañana, en la Suprema Corte de Justicia, el magistrado de la Instrucción Especial dirá si existen pruebas suficientes y legales que razonablemente indiquen que Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús –Chú- Vásquez Martínez incurrieron en soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación de malhechores y falsedad en declaración jurada de bienes.

Ortega Polanco dirá al país, y a las partes envueltas en el proceso, si las delaciones premiadas de los ex ejecutivos de Odebrecht tienen valor probatorio para un juicio de fondo, y si no constituye una falta de parte del Ministerio Público el no haber ido a Brasil a realizar anticipo de pruebas y/o interrogatorios directos a alguno de los ex funcionarios de la empresa brasileña. De igual manera, establecerá si el no aportarlos como testigos a fin de ser entrevistados vía videollamada, como tradicionalmente ocurre en los tribunales, representa una debilidad probatoria para el caso.

Además de establecer la licitud y validez de las delaciones, el juez dirá si las acusaciones contra los ex legisladores, Andrés Bautista, Chú Vásquez y Juan Roberto Rodríguez prescribieron o no, así como si al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, lo están sometiendo por los mismos delitos por los cuales se archivó la investigación que contra él tenía la Fiscalía del Distrito Nacional: doble persecución.

Francisco Ortega deberá determinar, como han alegado los abogados defensores, si la Procuraduría realizó peritajes a las cuentas y productos financieros de los siete imputados, así como de sus empresas y/o familiares violentando el derecho de defensa y sin darles oportunidad para proponer contra peritajes. ¿Tomará en consideración el precedente fijado por el entonces juez de la Instrucción Especial en el caso seguido al ex director del Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)?

El magistrado tendría, de igual manera, que fijar posición respecto a si pueden considerarse como ficticios o ilícitos los contratos de representación firmados entre Ángel Rondón y Odebrecht, así como establecer si el servicio que ofreció el abogado Conrado Pittaluga en el proyecto Autovía del Coral, constituye una acción que podría configurar un ilícito penal.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Víctor José Díaz Rúa, sería el ex funcionario que más vínculos tuvo con la multinacional brasileña. En el mismo se hacen referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del ex ministro de Obras públicas y ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.

El procurador afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, propiedad de Ángel Rondón, se transfirieron en favor el exfuncionario US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.

Díaz Rúa, en cuyas administraciones se adjudicaron doce de las 17 obras construidas por la Constructora Norberto Odebrecht, cuestionó el por qué si se imputa soborno por los contratos y adendas a los proyectos adjudicados a Odebrecht, solo él fue procesado.

La Procuraduría dice que él manejó unos 35 mil millones de pesos en el sistema financiero; sin embargo, los abogados del imputado han asegurado que algunos de los montos económicos a los que hace referencia la acusación corresponden a cuentas de campañas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que, si existiera un ilícito penal para sancionar las cuentas de campaña, a quien se debería sancionar es al PLD, no a él en calidad de secretario de finanzas.

El senador Tommy Galán, a quien se acusa de ocultar su incremento patrimonial y los supuestos sobornos que recibió de Odebrecht en inmuebles, dejó entrever que en lugar de él y otros ex congresistas, quienes deberían estar imputados son los miembros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Hacienda.

Durante su defensa se explicó que el Senado no hace negocios ni contratos con proveedores, sino que simplemente aprueban o desaprueban financiamientos bilaterales o multilaterales.

Describió al Ministerio de Planificación y Desarrollo como “el laboratorio”, “el útero de los proyectos, que van a ser involucrados en el Presupuesto General de la Nación”, puesto que ahí se hacen los estudios, se determinan las factibilidades, los presupuestos y se evalúan todos los proyectos que se envían a Hacienda.

Los imputados han aportado grandes listas de personas a los que proponen como sus testigos a descargo: ex presidentes y el actual presidente de la República, embajadores, ministros, legisladores, alcaldes, ex consultores jurídicos del poder ejecutivo, representantes de las entidades gubernamentales con las que Odebrecht firmó contrato, empresarios, técnicos y contratistas que de una manera u otra tuvieron vínculos con las 17 obras construidas por la empresa.



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