Hugo Velázquez, vicepresidente de Paraguay (REUTERS/Jorge Adorno)

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, aportó este lunes nuevos mensajes telefónicos a la investigación de la Fiscalía sobre la polémica acta bilateral con Brasil de compra de energía a la represa de Itaipú, compartida por ambos países, según los fiscales que le tomaron declaración.

Velázquez compareció durante más de seis horas ante los fiscales que se personaron en la sede de la Vicepresidencia, en Asunción, para continuar con las pesquisas sobre la firma de ese documento, que causó una crisis política en el Gobierno, después de que la oposición tachara ese documento y la actitud del Gobierno de entreguista ante el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

El fiscal Marcelo Pecci relató algunos de los puntos de la comparecencia del vicepresidente, entre los que destacó que puso sus teléfonos a disposición del Ministerio Público y reconoció que por su cargo suele recibir a «representantes de empresas», algunas interesadas en comprar energía.

Asimismo, Velázquez afirmó que conocía al abogado José Rodríguez, un joven de 27 años que intervino en las negociaciones del acta con Brasil, supuestamente en representación del vicepresidente.

«Manifestó que lo conoce en función de que el mismo es activista de un movimiento político (Colorado Añetete) del que forma parte el señor vicepresidente y reconoció que en una ocasión se presentó como abogado junto a representante del Grupo Leros (de Brasil) a los efectos de hacer notar el interés de esa empresa en adquirir energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)», detalló el fiscal Pecci.

Sin embargo, Velázquez aseguró en su declaración que tras ese encuentro con miembros del Grupo Leros, que los medios locales vinculan con la familia de Bolsonaro, derivó la cuestión al entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, para que estudiara «la viabilidad», según el relato del fiscal Pecci.

El fiscal Marcelo Pecci (REUTERS/Jorge Adorno)
El fiscal Marcelo Pecci (REUTERS/Jorge Adorno)

Tanto Pecci, como las otras fiscales que acudieron a tomar declaración al número dos del Ejecutivo, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz, se refirieron a la «contraposición» que existe entre las declaraciones de Ferreira y las de Velázquez.

La renuncia de Ferreira a su cargo en la ANDE a finales de julio fue la que destapó la existencia de esta acta, que fue firmada por ambos países en mayo y en la que se establecía un cronograma de compra de energía hasta 2022.

Velázquez «exhibió y puso a disposición sus teléfonos celulares, a los efectos de que los agentes fiscales aquí presentes verifiquen el contenido y los mensajes existentes entre el señor vicepresidente y el ingeniero Pedro Ferreira, donde constatamos la existencia de varios de ellos que no habían sido presentados en la oportunidad por Pedro Ferreira», agregó el fiscal.

La Fiscalía trabajará ahora en «verificar mensaje por mensaje y ponerlos en el contexto» para avanzar en la investigación, en la que también se cuenta con la versión del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien el domingo prestó declaración durante cerca de siete horas en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga.

Al igual que Velázquez, el presidente también puso a disposición de los fiscales su teléfono móvil para que verifiquen sus mensajes con Ferreira.

Mario Abdo declaró el domingo durante más de siete horas (Reuters)
Mario Abdo declaró el domingo durante más de siete horas (Reuters)

La aparición del documento firmado con Brasil desató una crisis política en el Gobierno de Abdo Benítez, apenas unas semanas antes de cumplir un año en el cargo.

La crispación generada y las amenazas de juicio político desde la oposición obligaron al mandatario a anular el acta y a aceptar las renuncias de cinco altos cargos, entre ellos, el ya ex canciller Luis Alberto Castiglioni, quien este lunes también solicitó comparecer ante la Fiscalía.

La unidad entre las dos facciones del Partido Colorado, Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), y Colorado Añetete, de Abdo Benítez, lograron bloquear el juicio político por falta de votos, pero la oposición mantiene las movilizaciones en las calles.

Además, el Congreso conformó una Comisión Bicameral de Investigación para analizar el acta y las circunstancias en las que se firmó.

Con información de EFE

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