López Obrador cumplió un año en la presidencia. (REUTERS/Henry Romero) (HENRY ROMERO/)

Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

Ha pasado un año desde la llegada a la presidencia en México de Andrés Manuel López Obrador y, hasta el momento, no existen resultados tangibles de la política de seguridad que se ha implementado. Lo que sí existe —en abundancia— es una narrativa de los principios de austeridad y combate a la pobreza que inspiran al nuevo gobierno, la cual no ha tenido efecto en la reducción del crimen.

A estas alturas, es casi inevitable que 2019 sea el año con la mayor tasa por cada 100 000 habitantes de homicidios, feminicidios, robos a negocio, trata de personas y narcomenudeo desde que estos se registran, como lo señala nuestro último estudio. También parece que será el segundo peor año en extorsiones, el quinto en secuestros y el octavo en robos a transeúnte.

Desde antes de la llegada de López Obrador, era innegable que México ya vivía la mayor crisis de violencia de su historia contemporánea. Sin embargo, el presidente dijo que los mexicanos veríamos la llegada de la paz desde el primer día de su administración. Pero la violencia no ha parado.

La promesa gubernamental de que la violencia disminuiría en diciembre de 2018 se aplazó a enero de este año, después a octubre. Ante la ausencia de resultados visibles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y el presidente, se han contradicho en la fecha de cumplimiento: Durazo afirma que será al final del sexenio, López Obrador, que en octubre de 2020.

Sin embargo, no han especificado de qué manera sus acciones, programas, cambios legales e institucionales van a producir este cambio, y tampoco han establecido indicadores precisos para saber si se cumplieron las metas.

Los datos no mienten y la situación sigue sin mejorar. Durazo ha señalado que los homicidios van a la baja pero en realidad no están disminuyendo, simplemente los niveles de crecimiento son menores que los que se registraban previamente. Además, esto comenzó a suceder desde el final de la administración pasada, por lo que no puede considerarse como efecto del gobierno actual.

Aunque la tasa de crecimiento ha disminuido, el número de municipios con al menos un homicidio doloso paso de 1,271 en 2015 a 1,608 en 2018.

El discurso gubernamental insiste en que, pese a los datos, se están atendiendo las causas que generan la violencia: la desigualdad económica y marginación social.

Lo que se sabe, claro, es que no existe evidencia de que los programas sociales vayan a solucionar el problema de la inseguridad, pues su diseño no está alineado con la concentración delictiva: no garantizan que quienes reciben apoyos sean quienes están más propensos a delinquir, y deja de lado a la población en mayor condición de riesgo, pues estos programas van dirigidos a jóvenes de entre 18 y 29 años, cuando la evidencia más sólida —como señala el estudio— apunta a que los reclutamientos de jóvenes por parte de los cárteles y el crimen organizado ocurre a edades más tempranas.

Hay una necesidad clara de que el Estado cree políticas públicas para prevenir, combatir y sancionar la conducta delictiva con un enfoque de atención a las víctimas, reparación del daño individual y social, y reinserción social de los delincuentes.

Para lograrlo se requieren recursos económicos suficientes. Lamentablemente, este gobierno ya hizo, en 2018 y 2019, un recorte presupuestal en el gasto en seguridad y justicia, lo que afectó plazas, operación e insumos de policías, procuradurías y fiscalías en todo el país.

Además, pese a la narrativa oficial de una mayor eficiencia —que si fuera real podría mitigar dichos recortes— no existe información pública sobre el resultado de esta política. Este año, el subejercicio de los recursos creció 6%.

Es claro que, en el primer año de este gobierno, existieron errores de diagnóstico sobre dónde nace esta violencia, además de una estrategia deficiente y acciones que han provocado su crecimiento. Por lo mismo es necesario desarrollar una estrategia sustentada en datos, con mecanismos de evaluación transparentes que permitan entender el desempeño de la autoridad y los resultados de los programa, así como ofrecer recursos suficientes para que dicha estrategia se pueda llevar a cabo.



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