En rebeldía frente a la disolución del Congreso, la oposición peruana liderada por el fujimorismo, que domina el Parlamento con mayoría, no se siente responsable del terremoto político acontecido el lunes y busca apoyo internacional para legitimar una dualidad de presidentes como en Venezuela.

Pese a que la gran mayoría de la población, las Fuerzas Armadas, y los principales medios de comunicación respaldan al presidente de Perú, Martín Vizcarra, esta facción rebelde quiere seguir adelante en su decisión de declarar suspendido al mandatario y reemplazarlo por su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que anoche juramentó el cargo de “presidenta interina”.

Por ello se rehúsan a concurrir a la comisión permanente, el único órgano que debería funcionar en el Congreso de Perú después de la disolución declarada por Vizcarra, al tiempo que denuncian que la Policía no deja entrar al recinto parlamentario a congresistas que no son titulares de esa comisión.

“Nosotros tenemos que valorar cuánto somos nosotros fachada para sostener una figura que no existe (la normalidad democrática). Mejor que esto sea abiertamente un golpe de Estado y ya está”, afirmó el presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

“Los hechos están demostrando que si seguimos así, estamos hablando de maquillaje, y al maquillaje no nos vamos a prestar”, agregó.

En ese punto la opinión pública internacional tampoco se ha pronunciado de momento en favor de la fuerzas rebeldes del Congreso, entre las que están varios partidos de derecha y extrema derecha como el fujimorismo, el Partido Aprista y Contigo.

Este martes la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a la calma y valoró la convocatoria de nuevas elecciones fijadas para el 26 de enero de 2020, algo a lo que los legisladores se oponen, pero no condenó en ningún caso las acciones de Vizcarra.

Olaechea reconoció sin embargo que durante este martes estuvo al teléfono al teléfono en busca de apoyos del exterior.

“De las llamadas internacionales que he tenido, hay muchísimo desconcierto por las razones que hemos esgrimido. Lo que está sucediendo es totalmente atípico y estamos regresando a la década de los golpes del 70”, reiteró Olaechea, un exministro disidente del oficialismo.

En visión del parlamentario, Vizcarra incurrió una ruptura del orden constitucional al disolver el Congreso al considerar rehusada una cuestión de confianza porque no fue votada antes de que los legisladores eligieran un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, lo que precisamente el proyecto gubernamental quería evitar.

La Constitución contempla que el presidente puede disolver el parlamento si este censura dos veces al Gobierno en la misma legislatura.

Por tanto, al igual que indicó la OEA, el líder opositor apuntó el TC debería resolver la cuestión siempre que acepte la presencia de ese magistrado que ellos votaron, que no es otro que su primo hermano Gonzalo Ortiz de Zevallos.

Su presencia podría cambiar el balance de pesos en este órgano hacia uno de corte más conservador.

En su discurso no hubo ningún propósito de enmienda sobre las decisiones tomadas por el Congreso que recrudecieron el enfrentamiento con el Gobierno, al que responsabilizó de todos los incidentes entre los poderes del Estado.

Esos incidentes han ido escalando en una tensión creciente desde que en las últimas elecciones generales el Ejecutivo quedara en manos de unos y el Legislativo en las de otros.

Incluso culpó al Gobierno y a los medios nacionales del amplio descrédito que tiene el Parlamento entre la población, que salió masivamente a las calles para celebrar la disolución del Congreso.

“Yo no sé qué es mayoría, si dos cuadras son mayoría”, dijo Olaechea para desmerecer la espontánea concentración que se produjo el lunes ante el Parlamento.

También defendió al Congreso de cualquier acto de corrupción, o de acusaciones de haber blindado a figuras como el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, acusado de formar parte de una organización criminal y de haber intentado destruir las investigaciones sobre las coimas de la empresa brasileña Odebrecht, pero cuyos fueros fueron defendidos por los legisladores hoy en rebeldía.



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