El abogado de dos de las tres víctimas fatales y los heridos en un accidente de tránsito hace dos años destacó que la condena dictada ayer sienta un precedente a nivel nacional en la aplicación de justicia en materia de tránsito porque es la primera vez que se logra la imposición de una medida cautelar, consistente en prisión preventiva de un mes, la más gravosa que contempla la Ley 63-17 y, en el fondo, se consigue la pena máxima, que la norma establece es de tres años de prisión.

Anoche, la jueza Zuleika Castillo de la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de La Vega condenó a tres años de prisión, pena máxima contemplada en la ley de tránsito, al conductor que mató a tres integrantes del movimiento Marcha Verde y causó lesiones permanentes a otras 8, en septiembre del 2017, cuando las víctimas almorzaban en una parada de comida tras retornar de una manifestación contra la corrupción.

El sentenciado es Allan Arturo Marcial Ramos, de 29 años de edad por arrollar a Humberto de Jesús Espinal Rodríguez, de 35 años; Carlos Augusto Campusano Polanco, de 64 y Julio Antonio Marte Cruz, de 48, quinees fallecieron.

Además, provocó golpes y lesiones permanentes a Franklin Soriano Castro, Eddy Antonio Marte Cruz, Eusebio Marte Cruz, Roberto Jerez Caraballo, Rafael Ubaldo Rodríguez Méndez, Buenaventura Bueno Morillo, y Francisco Antonio Quezada Salas.

Se comprobaron varias infracciones graves, como el exceso de velocidad, abandono de las víctimas, mientras que el vehículo no contaba con seguro.

Fermín Valentín García, abogado de dos de las víctimas fatales dijo que la sentencia “les manda un mensaje a los demás jueces, sobre cómo proceder conforme a lo que establece la legislación y también a los conductores que se creen que, porque tengan un permiso para conducir y una ley que era la 241-67 de Tránsito, le daba la oportunidad de que, bueno, en 48 horas yo salgo. Yo mato tres y salgo en 48 horas’’.

Enfatizó que la nueva ley contempla con claridad la forma en que se debe impartir justicia. Aseguró que la magistrada Castillo fue imparcial y justa, al desglosar y motivar, artículo por artículo, por qué imponía la pena.

Sin embargo, el representante legal de las víctimas, pese a los avances de la nueva legislación, en relación a la antigua, criticó que no se presta atención a los conductores que son reincidentes y pese a que han provocado muertes continúan conduciendo en las calles.

“Muchas personas, luego de que salen de cumplir una pena, continúan conduciendo, personas que han matado a otras y por qué, porque las autoridades de este país están enfocadas en recolectar fondos’’, refirió.

Dijo que, en casos graves, como el que le ocupa, la ley demanda que se le cancele la licencia al conductor infractor, pero esto no ocurre. “Si te pones a ver la Ley, aunque esta magistrada se apegó a la ley, otros lo pasan por desapercibido’’ comentó.

Para dos de las viudas, la condena establece un millón de pesos de indemnización para cada una, y para una tercera un millón 500 mil, mientras que para los lesionados 250 mil pesos.

Marcial Ramos conducía un vehículo Hyundai, blanco, con el cual invadió violentamente la acera, y penetró a la Lechonera Los Mellos, donde se encontraban las víctimas, atropellándoles y causando destrozos a la propiedad privada.

Las partes fueron convocadas para el 12 de noviembre para la lectura íntegra del dispositivo.



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