Cuando el entonces Presidente Joaquín Balaguer ordenó crear el Parque Nacional del Este —hoy Cotubanamá— en 1975, los dueños de 25 parcelas que estaban dentro del área comenzaron a transitar por un camino que todavía hoy es poco claro. La definición del parque incluyó la declaratoria de utilidad pública de las 25 propiedades que estaban dentro, y a partir de allí todo se tornó confuso. Por un lado, los gobiernos empezaron a excluir parcelas originalmente dentro del parque (la 22, la 23 y un área de la 18, por ejemplo), y jamás se avanzó con el pago de las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos, de manera que las expropiaciones nunca se llevaron a cabo. Además, con el paso de los años se comenzó a diversificar la clasificación medioambiental del parque, y un área —casi toda la franja de la costa oeste— terminó convertida en el Área Nacional de Recreo Guaraguao-Punta Catuano.

De acuerdo a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 204-04, la zona de recreo se puede usar como espacio de “recreación y turismo, actividades económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de viviendas, actividades productivas y de comunicación preexistentes, nuevas infraestructuras turísticas y de otra índole reguladas en cuanto a densidad, altura y ubicación” siempre desde la perspectiva de que se trata de un paisaje protegido.

En la franja costera que está dentro del área de recreo no hay infraestructuras hoteleras de ningún tipo, y la primera sería el de Leaf Bayahíbe, el proyecto del Grupo Globalia que el gobierno detuvo el pasado 28 de enero hasta que una comisión determine si se trata de un área que forma parte de la categoría de parque nacional, una que no admite construcciones de ningún tipo, o si, por el contrario, el proyecto turístico cabe en lo que la Ley 204-04 define como posible dentro de un área de recreación.

La decisión que el gobierno tome en el caso Globalia abre una vía a los dueños del resto de las parcelas de esa franja, y también a cientos de intereses que se han construido con los años sobre lo que se podrá hacer o no en adelante con unos terrenos apetecidos por muchos, que llevan 45 años sin poder ser explotados económicamente.

Desde la creación del parque las parcelas han sufrido una serie de deslindes y algunas están divididas hasta entre 60 dueños. Otras son mantenidas por sus propietarios originales o sus herederos en espera de que algo cambie o sean indemnizados por el Estado. Otras más, a principios de la década del 2000, comenzaron a ser del interés de empresarios dominicanos, uno de ellos hoy imputado por su presunta participación en el caso de corrupción más grande que ha vivido Latinoamérica: Odebrecht.

La parcela de Ángel Rondón

Varias de las parcelas más codiciadas del área de recreo son las cercanas a playa Palmilla, un lugar que actualmente es visitado por yates y otras embarcaciones de lujo con turistas que buscan bañarse en sus aguas cristalinas. El gran grupo de parcelas de que da hacia esa zona son la 13, 13-A, 13-B y 13-B-1, que suman más de un millón de metros cuadrados de extensión y que originalmente pertenecían a varias familias judías asentadas en la República Dominicana desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero con los años han aparecido otros dueños.

Uno de ellos es Ángel Rondón Rijo, el empresario imputado por el supuesto pago de los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana. La parcela 13-A completa, según consta en documentos depositados en el Registro de Títulos de La Altagracia, pertenece desde el 9 de enero de 2003 a Lashan Corp., de la que Rondón es dueño. La compañía pagó por la parcela 10 millones de pesos, equivalentes a 563,063 dólares para la época, a Punta Palmilla del Caribe S.A.

Según las delaciones de representantes de Odebrecht en Brasil y de acuerdo al expediente judicial presentado por la Procuraduría dominicana, Lashan Corp. habría sido una de las empresas de Rondón que recibió los fondos de la constructora brasileña para pagar los sobornos a varios funcionarios y que asignaran a Odebrecht las obras que desarrolló en el país a partir del año 2002.

La propia parcela 13-A (junto a otras dos cercanas) aparece en la denuncia de la fiscalía como uno de los bienes con los que el empresario dominicano habría lavado capitales dirigidos al pago de los sobornos. La defensa de Rondón respondió en junio de 2018 que sus parcelas en Palmilla —incluyendo la 13-A— habían sido devueltas a sus dueños originales en medio de una litis privada porque habían sido transferidas de forma irregular. Pero los documentos depositados en la Jurisdicción Inmobiliaria no hablan de otro dueño distinto a Rondón, ni revela cesiones u otras situaciones que indiquen que el empresario, a través de Lashan Corp., dejó de ser el dueño de esa parcela. Solo hay un documento en el Registro de Títulos de La Altagracia que indica que otra de las parcelas, la 13-B-1, dejó de ser del empresario, luego de una resolución del Tribunal Superior de Tierras.

En el siguiente video se ve al empresario Ángel Rondón el pasado 25 de enero en la entrada al parque:

El abogado que por años representó en un acuerdo privado a la empresa Punta Palmilla del Caribe S.A., Juan Miguel Castillo Pantaleón, un ex juez dominicano, recuerda la litis de una forma distinta a la que indicaron los representantes de Rondón a la justicia dominicana. Afirma que se trató de un reclamo por la sobreposición de las coordenadas entre el terreno que había comprado la empresa de Rondón -Lashan Corp.- y sobre la parte de las parcelas que todavía son propiedad de Punta Palmilla del Caribe S.A, una empresa conformada por los herederos de los dueños originales de las tierras.

A Castillo Pantaleón no le extraña que existan casos de solapamiento de parcelas que, en algunas oportunidades, han terminado en fraudes generados por el desorden que por muchos años imperó en el Catastro Nacional y que no ha logrado ser resuelto.

Prohibido para unos, permitido para otros

El abogado del caso Punta Palmilla del Caribe reclama que la decisión de no desarrollar en las parcelas ni siquiera lo que sí se admite en un área nacional de recreo obedece a un negocio del que se benefician muchos en la zona: el propio gobierno (el nacional y el local), empresarios de Bayahíbe y La Romana y hasta algunos ambientalistas. Entre otras cosas, Castillo Pantaleón habla de los tours de 125 dólares (6,662.5 pesos al cambio) realizados desde esas zonas hacia playa Palmilla y de los yates y otras embarcaciones que dan un uso turístico a esa zona del parque que está vedada para los propios dueños de las parcelas.

En la zona de Palmilla hay estructuras playeras sencillas con expendio de bebidas y alimentos para atender a los visitantes, que funcionan gracias a concesiones. Adicionalmente, por años se ha filmado en esa zona el reality show Survivor en su versión turca. Mientras tanto, en años anteriores la empresa Central Romana, como parte de su incursión al mundo turístico, ha definido proyectos compartidos con el gobierno en esa zona, pero no han avanzado. La semana pasada, ante algunas denuncias que señalaban la construcción de un enorme hotel de esa empresa en el área, lo negaron y aseguraron que eso ni siquiera está en los planes.

“Allí solo hubo una declaratoria de utilidad pública y nunca se llegó a la expropiación de esas tierras. Hay un área de recreo con terrenos privados, porque al final esos terrenos siguen siendo privados”, dijo.

Sus representados exigen que les dejen usar sus tierras, o que el gobierno concluya la expropiación de esas áreas —que inició en el año 1975 con la declaratoria de utilidad pública de las parcelas situadas en el Parque Nacional del Este— con el pago de la indemnización correspondiente.

Los dos limbos de la parcela 24-A

La historia de la parcela 24-A, la misma en la que Globalia quiere levantar proyectos turísticos desde hace años, también es complicada porque esa tierra y sus protagonistas han estado rodeados de controversias.

La parcela fue formalmente vendida en el año 2000 por la empresa Corsario C por A, un emprendimiento que nació en los años 70 entre un grupo de canadienses y dominicanos que se unieron para desarrollar un proyecto turístico en el país. En esa época iniciaron la búsqueda de un terreno acorde a sus planes empresariales, que terminó siendo la parcela 24-A.

El socio local de Corsario era José A. Michelen Stefan, un político que estuvo al frente del Inespre durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco y que huyó del país ante las amenazas de procesos judiciales en su contra por un presunto caso de corrupción.

Un día de finales del año 2000, según documentos judiciales depositados en los archivos de los tribunales, Michelen Stefan lee en la prensa que Corsario, la empresa en la que él tenía 20 % de las acciones desde 1973, vendió la parcela 24-A al Grupo Globalia. Como estaba en el exterior, donde vivió hasta su fallecimiento en 2019, pidió a través de sus abogados las pruebas de que esa noticia era cierta. Al confirmarlo, emprendió acciones legales para anular esa venta, pero nunca lo logró.

Los documentos judiciales indican que en 1975, a dos años de haber comprado la parcela (un deslinde de la 24, la cual pertenece a Pedro Lugo Ubiera), el gobierno de Balaguer ordenó la creación del Parque Nacional del Este, hoy Cotubanamá. El mismo Balaguer saca de la delimitación del parque la parcela vecina, la 23, –Playa Cadaqués- y en Corsario se animan por la noticia porque creen que ellos también podrían recibir el mismo trato más adelante. Le piden la exclusión a Balaguer. Nada. Luego a Antonio Guzmán, pero nunca reciben respuesta.

Llega Jorge Blanco al poder, nombra a Michelen Stefan presidente del Inespre y las diligencias con la parcela entran en un limbo. Al terminar la presidencia de Jorge Blanco, en el año 1986, se va del país y es 14 años más tarde, en octubre del 2000, cuando lee en la prensa que Globalia compró la parcela 24-A a Corsario.

El espaldarazo de Hipólito

El 26 de septiembre de 2000, cuando Hipólito Mejía tenía poco más de un mes en el poder, aprueba el Decreto 850-00 en el que la parcela 24-A queda excluida del área del parque nacional, de manera que ya se podían levantar proyectos allí. Aunque el terreno todavía no había pasado a manos de Globalia –porque la venta está fechada en octubre de ese año- Mejía le confesaría al dueño de esa empresa, Juan José Hidalgo, a través de una carta enviada el 14 de enero de 2004, que tuvo “a bien emitirle el Decreto N° 850-00”. Pero aquella orden presidencial nunca pudo aplicarse porque necesitaba de la promulgación de una ley que terminó siendo aprobada cuatro años más tarde.

La siguiente cronología relata lo ocurrido con la parcela 24-A:

Globalia señaló en un comunicado que para avanzar en la compra del terreno los vendedores les presentaron “varios documentos oficiales que certificaban que la parcela 24-A no era parte del entonces denominado Parque Nacional del Este” y que la propiedad fue adquirida “de buena fe en el año 2000”.

Según una denuncia de enero de 2005 que reposa en los tribunales, Michelen Stefan descubrió que en 1997, tres años antes de que se concretara formalmente la operación con Globalia, Corsario había realizado una junta de accionistas en la que supuestamente estaban representadas 99.9 % de las acciones. Pero él aseguró ante la justicia dominicana que eso no era cierto porque él, tenedor de 20 % de las acciones, no estuvo presente porque ni siquiera fue convocado.

No solo eso: en el caso que elevó ante el Tribunal Superior de Tierras afirmó que varias de las personas que se presentaron como accionistas durante la asamblea en la que se acordó vender la parcela 24-A no lo eran, que el presidente del Consejo de Administración de Corsario que firma el acta –Charles Thomas Ogryzlo- no podía ostentar ese cargo porque ni siquiera tenía acciones en la empresa.

Pero el 8 de junio de 2005 el Tribunal Superior de Tierras, en una decisión de la jueza Banahí Báez de Geraldo, resolvió que se trataba de un asunto civil que no tenía que dirimirse en instancias judiciales de tierras y allí acabó el asunto. Hoy Globalia sigue con la propiedad de la parcela 24-A, aunque en un limbo similar al que vivió la empresa Corsario durante 25 años.

El proyecto de Globalia

El interés de Globalia por desarrollar un proyecto turístico en la parcela 24-A es de vieja data y el Leaf Bayahíbe es el segundo intento del dueño de la empresa, Juan José Hidalgo, por levantar algo en esa tierra. En el año 2004 estaba cerca de edificar el Gran Palace Bayahíbe Beach Resort, luego de que el entonces Presidente Mejía le favoreciera con una medida especial. Pero el proyecto no prosperó por varias denuncias de afectación ambiental que no le dejaron más remedio a Hidalgo que desistir de sus planes. Ahora lo intenta de nuevo con un desarrollo “comprometido con el medio ambiente”, como señaló Globalia en un comunicado de prensa reciente.

“Lo que empezó como un gran hotel en régimen de todo incluido, similar a los que ya existen los principales destinos turísticos del país, ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto totalmente ecológico idóneo para esa zona, amigable con el medioambiente, de muy baja densidad y con un enfoque ecosostenible y auto sustentable, en total armonía con los ecosistemas existentes”, puntualiza esa nota de la empresa que asegura que solo se levantarán instalaciones en menos del 5 % de la parcela.

Mientras tanto, desde la parcela 24-A hacia el sur del Área Nacional de Recreo hay decenas de dueños de terrenos que están a la expectativa, como lo han estado durante casi cinco décadas, sobre lo que allí se podrá hacer.

Durante los últimos años, los propietarios de otras parcelas, como Federico Ortiz Kidd, han hecho propuestas públicas sobre los terrenos, como la creación de un patronato entre los ministerios de Medio Ambiente y Turismo, las municipalidades de Bayahíbe y hasta de Boca de Yuma y los inversionistas y dueños de los terrenos para manejar entre todos la gestión de proyectos en el Parque Nacional Cotubanamá.

Por su parte, los ambientalistas buscan que el plan de Globalia –que podría representar el inicio de la explotación turística en la franja oeste del parque- quede paralizado para siempre. Ante el Tribunal Superior Administrativo intentan que una medida cautelar detenga la construcción del proyecto Leaf Bayahíbe, mientras en paralelo el Poder Ejecutivo dilucida si el marco legal permite que se levante el que podría ser el primero de varios desarrollos en la zona.



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