El movimiento cívico Somos Pueblo depositó este viernes en la Junta Central Electoral (JCE), el Senado y el Palacio Nacional un manifiesto y propuesta formal de solución a la crisis social y política originada por la suspensión de las pasadas elecciones municipales, tras fallos en la mitad de los municipios donde operó el voto automatizado el domingo 16 de febrero.

De acuerdo con un comunicado, Somos Pueblo planteó que “la única” solución equilibrada para la crisis que vive la República Dominicana es que se abra una mesa de diálogo entre la JCE, los partidos políticos y la sociedad civil, con el fin de concretar un pacto político ciudadano lo más pronto posible.

Sus demandas son, primero, establecer un comanejo de la JCE en el cual los observadores internacionales tengan el poder electoral para influir en la toma de absolutamente todas las decisiones. Segundo, la designación de acusadores privados para que investiguen “todos los hechos delictivos ocurridos antes y después en el proceso electoral del año 2020”. Indicó que estos deberán ser exjueces o abogados con reconocida solvencia moral, y elegidos por el consenso entre los partidos y las organizaciones de la sociedad civil.

En tercer lugar, piden la remoción de forma inmediata de los directores técnico y de elecciones del órgano electoral y ser puestos a disposición de los acusadores privados para investigación, para garantizar la legitimidad del certamen electoral.

Además, exigen una revisión de las juntas municipales y de los funcionarios de los colegios electorales, para garantizar una mayor equidad partidaria en su composición, y una mayor representación de la sociedad civil.

De igual forman, demanda la designación de un procurador electoral por la vía del consenso político ciudadano y que sea independiente de organización política alguna, dotándolo de los medios y mecanismos que garanticen su independencia tanto frente al gobierno como ante la Junta Central Electoral.

“Dicho procurador deberá tener el deber y la facultad de investigar lo que sucedió en las elecciones suspendidas del pasado 16 de febrero, y deberá rendir un informe público sobre los resultados de dicha investigación, así como llevar a cabo el enjuiciamiento de aquellos que resultaren culpables de la misma”, detalla el movimiento.

Agregó que dicho procurador deberá estar acompañado además por la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del The International Foundation for Electoral Systems (IFES, en inglés) como veedores activos del proceso, y podrá solicitar de ellos cualquier tipo de colaboración en la forma de técnicos y peritos expertos en la materia que le fuesen necesarios.

En sexto lugar, demanda identificar, luego de ser designad el procurador electoral, quién sería en cada municipio el procurador fiscal adjunto encargado de los temas electorales, suministrando sus números de contacto, correo electrónico y domicilio para presentar las denuncias a las violaciones a la Ley Electoral 275-97. Estos fiscales deberán ser exjueces o abogados con reconocida solvencia moral y amplia experiencia jurídica reconocida en la materia.

En séptimo y último lugar, piden que la JCE debe permitir la transmisión en vivo de todas las audiencias y procesos de consulta con los delegados de los partidos políticos desde aquí y hasta que se acabe el periodo electoral.

“La Junta Central Electoral debe tener una audiencia pública emitida en vivo DE TODAS LAS AUDIENCIAS Y PROCESOS DE CONSULTAS donde se le de acceso a la prensa acreditada y a entidades de la sociedad civil y participación”, destacó.

El documento tiene el sello de recibido de la Junta Central Electoral, el Senado de la República y la Presidencia de la República Dominicana. Haciendo clic aquí lo pueden leer íntegramente.



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